Entra en vigor la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana

La Ley regula aspectos y funciones como la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, de explosivos, de cartuchería y de artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar medidas de seguridad en determinados establecimientos.

El pasado mes de julio entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015). Durante todo el proceso de tramitación parlamentaria el texto ha sufrido numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó el Ministerio del Interior hace más de un año.

 

Seguridad Privada

 

Entre sus novedades, la nueva norma recoge la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana, la cooperación interadministrativa y el deber de colaboración.

 

En relación con la colaboración la norma precisa que “las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos en la normativa de seguridad privada”.

 

También, el nuevo marco contempla la necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

 

Igualmente, la Ley dispone las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana. En cuanto a los espectáculos y actividades recreativas, el Estado podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas. En particular, podrán prohibir y, en caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro cierto para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad ciudadana. No obstante, los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia dispuestas en la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

 

Otras novedades

 

La Ley de Seguridad Ciudadana también regula, por primera vez, los registros corporales externos, que “sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

 

Asimismo determina las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. Además se establecen obligaciones deregistro documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana. “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción o cuando se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. En este caso, en todo momento la persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud.

 

Régimen sancionador

 

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de responsabilidad a los menores de 14 años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de 18 años, no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.

 

La nueva normativa contempla 44 sanciones con multas de entre 100 y 600.000 euros según su gravedad y crea además un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana para tener en cuenta la “reincidencia” a la hora de fijar las multas.

 

Entre las faltas consideradas muy graves (30.001 / 600.000 euros) se encuentran:

 

- Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.

 

- Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.

 

- Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

 

- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

 

Para ver el desarrollo completo de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana pinche aquí

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