El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, con la pretende adecuar las estructuras de seguridad del Estado a las actuales amenazas. 

La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, explicó que la norma “tiene su origen en la Estrategia de Seguridad Nacional, que preveía ya la necesidad de que los poderes públicos se dotaran de una ley orgánica que articulara un Sistema de Seguridad Nacional”.


“De lo que se trata es de dotar al Estado de herramientas adecuadas en nuestro Sistema de Seguridad Nacional a los nuevos riesgos y amenazas. Este Anteproyecto le da un enfoque integral a la Seguridad Nacional y recoge una mejor coordinación ante fenómenos en los que puede haber varios organismos o varias Administraciones competentes: ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera”, indicó la vicepresidenta del Gobierno.


La nueva ley implantará “un concepto amplio e integral de seguridad nacional” en el que se abordan aspectos relacionados con la defensa, la seguridad pública y la acción exterior. “En concreto, la norma lo que hace es detallar el sistema orgánico institucional, defendiendo qué competencias tiene cada órgano superior y cada autoridad en el ámbito de la Seguridad Nacional: las Cortes, el Gobierno, el presidente del Gobierno, los distintos ministros y el propio Consejo de Seguridad Nacional”, añadió Sáez de Santamaría. 

 

Interés de Seguridad Nacional
La futura Ley Orgánica de Seguridad Nacional incluirá también “un nuevo concepto, que es el de situaciones de interés para la Seguridad Nacional”, que se suman a otros como los estados de alarma, excepción o sitio, “que contempla nuestra propia Constitución”, recordó la vicepresidenta. “Hay una serie de circunstancias en las que es necesario poner en común una mejor coordinación, una mayor cantidad de medios y una especial atención sobre el asunto, sin necesidad de que se adopten estos otros estados constitucionales, la alarma y la excepción, que suponen medidas extraordinarias que conllevan suspensión de derechos”.


En ese sentido, la vicepresidenta aclaró que “en ningún caso la adopción de una declaración de interés para la Seguridad Nacional comporta la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública. Eso sólo es en los estados de alarma y excepción, y, en su caso, en el estado de sitio”.


Tras la aprobación del Anteproyecto, comienza ahora un trámite de consultas a los principales órganos asesores del Gobierno y, en particular, al Consejo de Estado.

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