12/04/2013

El Consejo de Ministros tramita hoy la Ley de Seguridad Privada

El Gobierno gestiona este viernes el anteproyecto sobre la futura Ley de Seguridad Privada. Una reforma que se va materializar después de muchos años de peticiones, por parte del sector de la Seguridad, sobre la necesidad de una revisión del modelo español de seguridad.

 

Con el fin de actualizar la vigente normativa, que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto para adaptar al sector de la Seguridad a la actual realidad.

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la inauguración de la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada que tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo, señaló que: “la nueva Ley de Seguridad Privada tiene como objetivo actualizar la vigente normativa, que data de 1992. Esto no significa que la actual ley sea mala sino que el sector tiene en 2013 poco que ver con el de hace veinte años. Se  trata de ordenar la normativa dispersa que existe sobre este sector”. En este sentido,  Juan Antonio Puigsever, secretario general Técnico del Ministerio del Interior aseguró también  que: “dada la antigüedad de dicha norma, ésta pretende adaptarse a la nueva realidad del sector, llevando a cabo una regulación integral y sistemática de la seguridad privada”.

 

La nueva ley pondrá el acento en el control como la norma vigente, pero también en la colaboración entre la seguridad pública y la privada, enfocándola hacia una seguridad integral. La reforma de la ley incluye la apertura de nuevos servicios de seguridad privada y se relacionan actividades compatibles que hasta ahora no podían realizarse por parte de las empresas de seguridad. Establece además un marco más flexible en cuanto a los requisitos de acceso a la profesión y el reconocimiento de cualificaciones profesionales. En materia de coordinación, trata de avanzar en una mayor intercomunicación. En lo relativo al personal de seguridad, se  incluye una segunda vía de acceso mediante una titulación profesional y se pretende aumentar la protección jurídica del mismo. Además, el anteproyecto de ley de seguridad privada impone mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohíbe el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.

 

La futura ley también quiere dotar de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, “supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública”.

 

De hecho, una de sus finalidades es establecer mecanismos de colaboración entre las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas, casi 1.500 en toda España, facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.

 

En este sentido, desde Editorial Borrmart desde cada una sus publicaciones y desde la Fundación Borredá se ha demandado siempre la necesidad de una reforma legislativa para el sector de la Seguridad. Unas peticiones que se han materializado a través de desayunos de trabajo,  encuentros profesionales, eventos y jornadas. En cada una de estas convocatorias se tenía como objetivo  recoger las demandas, preocupaciones y aspiraciones del sector de Seguridad de cara a la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada, que ya es una realidad imparable.

 

 

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